Durante días, cuando el Estado se tambaleaba en Catalunya, y poca gente entendía hasta qué punto los políticos procesistas sólo habían intentado utilizar el referéndum para ganar las elecciones autonómicas, Carmen Lamela pudo ser presentada como un sheriff del Oeste que trataba de imponer la ley en un pueblo de frontera invadido por los Sioux. Ahora que las costuras del sistema judicial son casi tan visibles como las del procesismo, todo va cogiendo un aire más ridículo de spaguetti western.

La judicatura española es la guardiana de los acuerdos que permitieron la permanencia del franquismo dentro de la Constitución de 1978. Los últimos años, los resultados electorales en Catalunya no sólo han dado trabajo extra a los magistrado, también los han obligado a salir a la palestra más de lo que es recomendable en una democracia. Lamela es uno de los casos más claros del esfuerzo que la justicia española ha tenido que hacer para compensar el desgaste que el independentismo ha inflingido al sistema de partidos y de liderazgos políticos.

Si hasta la muerte de Franco el ejército era el encargado de mantener el debate territorial dentro de unos límites asumibles por Madrid, desde la Transición este papel lo hace la justicia. Cuando Lamela dictó prisión incondicional para los presidentes de Omnium y de la ANC, la prensa de Madrid empezó a glorificarla con una retórica que recordaba los tiempos de los espadones y de los militares africanistas.

Una prueba que la judicatura hace un papel forzado, que pervierte el debate público, es la dificultad que hay para encontrar fotografías y datos personales de los nuevos salvadores de la patria que los diarios idealizan. Pablo Casado quizás no estudió para obtener los títulos que acredita pero como mínimo concede entrevistas.

Altiva, seria y distante, para remarcar adjetivos que no aparecen en los diarios, Lamela tuvo una carrera convencional hasta que el proceso empezó a desbordar el sistema político español. Cuando le cayó a las manos la instrucción de la querella contra los Jordis, ya hacía un tiempo que trabajaba para forjarse un perfil de magistrada expeditiva y dura, en los círculos judiciales. En el 2016 había tratado de "comando terrorista" a un grupo de anarquistas veganos y straight edge (no beben alcohol ni cardan por placer), en un auto que la fiscalía del Audiencia Nacional desmontó meses después.

Otro caso que le dio notoriedad antes de entrar en el avispero catalán, fue el caso de la pelea del bar de Altsasu. Aunque el Audiencia Provincial de Navarra consideraba que la pelea caía bajo su jurisdicción, Lamela insistió en instruir el caso en el Audiencia Nacional y en sus manos una dificultad entre dos guardia civiles y un grupo de independentistas se convirtió en un culebrón procesal de prisiones incondicionales y de acusaciones de terrorismo. Los nueve jóvenes que Lamela encarceló hace dos años todavía esperan juicio.

Nacida en 1961, y licenciada en la Universidad Pontificia de Madrid ("Franco era un dictador pero hizo cosas buenas", para resumir el espíritu de la casa) uno de los primeros casos que Lamela instruyó fue el del suicidio del Etarra Mikel Lopetegui. El etarra, que era contrario a la reinserción y a renunciar a la lucha armada, fue encontrado colgado en su celda. Como era de esperar, la familia no coincidió con Lamela que era uno "caso claro de suicidio". Miembro de la judicatura desde 1986, Lamela ha hecho la carrera en Madrid desde medianos de los años 90

En el 2014 se incorporó a la Audiencia Nacional, después de haber intentado entrar en el 2010. El salto en el Tribunal Supremo ha sido interpretado en círculos de la capital como una manera de pagarle los servicios prestados los últimos meses. El Tribunal Supremo es una carrera de fondo y, a diferencia de otros jueces que habían pedido la plaza en otras ocasiones, Lamela ha tenido suerte en la primera, y viniendo de un órgano instructor. Seguramente, la magistrada se ha beneficiado del hecho de ser una mujer en una casta del Estado que necesita ponerse al día y que ha construido su identidad sobre la lucha contra ETA y una idea de España franquista.

Usuaria compulsiva del artículo 573 del código penal que da margen para considerar terrorismo cualquier chorrada, la nueva magistrada del Tribunal Supremo no ha pagado el fracaso d'Espanya con las euro órdenes, aunque ella fue la primera que las cursó. Lamela es fruto de un cuerpo judicial que no fue depurado después del franquismo y que, a través  del conflicto catalán, cada día pone más de manifiesto la distancia que separa España de Europa.