Gonzalo Boye Tusset, el abogado del president Puigdemont, el conseller Comín y ahora también de Valtònyc, es un producto de esta anti-España que horroriza tanto a la corte de Madrid porque sale del vientre de su misma intransigencia. A pesar de que nació en Chile, tiene familia alemana y estuvo casado con una inglesa, la trayectoria de Boye no se puede explicar sin la larga retahíla de enemigos que se ha ganado el autoritarismo borbónico.
Nacido en Viña de Mar en 1965, el abogado de Puigdemont tuvo residencia en Inglaterra durante muchos años, igual que Blanco White y aquella pandilla de liberales decimonónicos que esparcieron por Europa los tópicos de la España negra. En 1987, Chile sufría los estertores de la dictadura de Pinochet, que intentaba barnizar su poder en las urnas, y Boye emigró a Europa atraído por las expectativas que abrió el ingreso de la nueva democracia española en la CEE.
En Chile, el abogado de Puigdemont había formado parte de una guerrilla de extrema izquierda que combatía la dictadura a sangre y fuego. Quizás de ahí viene que, mientras ejercía de consultor en España, entrara en contacto con los entornos del movimiento de liberación vasco. El 1992 fue acusado de participar en la logística de varios secuestros. En 1996 en una de sus idas a los tribunales, fue encarcelado por sorpresa, algo parecido a lo que les ocurrió a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Condenado a 14 años y con la familia establecida en Inglaterra, Boye se licenció en derecho en la prisión, estudiando ocho horas diarias. El 2002, cuando fue liberado, ingresó en el colegio de abogados de Pamplona y se especializó en casos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Abogado de perfil más político que técnico, denunció a altos funcionarios de la administración Bush y participó en el documental The Guantanamo Trap.
Como abogado del Centro Palestino ocasionó algún conflicto diplomático entre España e Israel y como defensor de Rodrigo Lanza fue entrevistado en el documental Ciutat morta. El 2012 fundó la revista Mongolia, de la cual fue editor hasta el verano del año pasado. La revista sigue los patrones satírico-gamberros de la izquierda española más cosmopolita y alocada. La decadencia de la monarquía le ha dado un prestigio considerable en Madrid.
Columnista de diario.es, Boye es antisistema por vocación, pero también es un hombre de orden, disciplinado, limpio, un punto sibarita, con un cuello ancho de toro impetuoso y frío. Como Cotarelo y otras figuras de la izquierda, ha visto que la única posibilidad de volver la tortilla en España es presionar a favor de la independencia de Catalunya y juega esta carta. Su republicanismo conecta bien con el victimismo convergente y, además, tiene mecanismos culturales y políticos para ponerlo a su servicio. Además, Boye fue condenado a 14 años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.
Cuando Puigdemont huyó a Bruselas, después de la declaración de independencia, el más procesista de los comuns, Jaume Asens, recomendó sus servicios al entorno de Convergència. A diferencia de otros abogados del gobierno de Junts pel Sí, Boye ha seguido siempre una estrategia política. Igual que el abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anward, Boye se dedica siempre a atacar al Estado y desacreditar a los jueces españoles, en sus tuits y declaraciones.
Hace unas semanas alertó que algunos procesados intentaban pactar con la fiscalía una renuncia explícita al derecho a la autodeterminación a cambio de una rebaja en las condenas. Después de la resolución tomada por la justicia alemana, ha dado luz verde a la querella por prevaricación que la plataforma ciudadana Querellantes por la República ha presentado contra el juez Llarena. A pesar de su estrategia jurídica sirve para desgastar al Estado, Boye sabe perfectamente que el objetivo de sus clientes no es la independencia, sino presionar para conseguir un pacto político con el PSOE.
