Ya se ha confirmado: Feijóo no ha conseguido recabar los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. Estaba bastante claro, pero, en España, nunca se sabe lo que puede acontecer en último momento y siempre lo mejor es esperar hasta el final para poder estar seguros. El Rey ha convocado ya a los partidos políticos para la siguiente ronda de contactos, que tendrá lugar el próximo lunes y martes. A partir de ahí, lo más probable es que se le encargue a Sánchez recabar los apoyos necesarios y se haga oficial el viernes de la semana que viene. 

En esta ocasión, Sánchez tiene un límite temporal que Feijóo no tenía. Y es que, el artículo 99 de la Constitución, en su apartado cinco, establece que, si no se logran los apoyos suficientes en esta segunda fase, habrá un plazo máximo de dos meses desde la primera sesión de investidura para intentarlo. Así, si el próximo 27 de noviembre no se han conseguido forjar las alianzas necesarias, el Rey tendrá que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, que nos llevarían a las urnas el próximo 14 de enero. 

Todo parece avanzar hacia un gobierno de Sánchez, pero, como decía al principio, nunca se sabe. A pesar de que Jordà, en el mismo sentido que ERC, ha dado por sentada ya la amnistía en su discurso ante los diputados; ahora queda por tejer la parte técnica de la misma, así como las bases para establecer una nueva consulta a la ciudadanía, que ha sido la condición sine qua non para que ERC y Junts apoyen la investidura de Sánchez. Todo es posible y seguro que hay manera de formular el encaje pertinente para convocar a la ciudadanía catalana a las urnas. Lo que habrá que definir son los términos, las condiciones y, en todo caso, que la convocatoria se haga de manera pactada con el Estado. 

Precisamente esta semana hemos conocido la propuesta de Macron en Francia, que ha planteado introducir en la Constitución un estatus especial para Córcega, reconociéndole su singularidad como autonomía. Para ello, ha dado un plazo de seis meses a los diputados de la isla con el fin de llegar a un acuerdo con el gobierno francés, convocar a la ciudadanía a una consulta, y modificar así la Constitución para tratar de llegar a un entendimiento con los corsos que no podrá ser “ni contra el Estado, ni sin el Estado”. Quizás sean casualidades. Pero da la sensación de que algo se mueve hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos en Europa.