Salta a la luz esta semana el escándalo por el ya conocido como caso Koldo, que apunta a una supuesta trama de corrupción en la que personas afines al gobierno habrían obtenido millones de beneficios por la venta de mascarillas durante la pandemia.
El asunto salpica, supuestamente, al exministro Ábalos, ya que fue su asesor y principal persona de confianza quien habría establecido las conexiones necesarias entre una empresa y los distintos gobiernos autonómicos y ministerios, así como organismos oficiales, para venderles, incluso antes de la licitación pública, mascarillas que su propio gobierno habría establecido como obligatorias.
Las mascarillas, para más inri, no cumplían los estándares establecidos, y por ello todavía hoy están sin desembalar, guardadas en cajas, las que el gobierno balear adquirió.
Las noticias que vamos conociendo son cada vez más sorprendentes y da la sensación de que esto solamente ocurre aquí.
No es extraño que tengamos esa impresión, puesto que poco o nada nos ha llegado de otras tramas y corruptelas sobre este mismo asunto en otros países. Pero como las meigas, "haberlos haylos".
En Reino Unido, el escándalo se produjo por la adquisición de mascarillas y de equipos de protección individual del personal sanitario. Fueron 45 millones de libras las que había pagado el gobierno británico para la adquisición de unos productos que no llegaron.
En Italia, el escándalo también se produjo: la Fiscalía Europea y las autoridades italianas descubrieron que una empresa comercializadora de productos médicos evadió millones de euros.
En Canadá, más de lo mismo. Y en Austria.
En Alemania, el escándalo por la venta de mascarillas también salpicó a un ministro. La empresa de Nikolas Löbel ganó cientos de miles de euros gracias a los acuerdos para adquirir mascarillas durante la pandemia. El diputado Georg Nüsslein fue acusado de haber recibido 660.000 euros para presionar al proveedor de mascarillas.
Alemania también compró mascarillas que nunca llegaron.
Europol e Interpol frenaron una operación internacional donde se vendían mascarillas inexistentes.
En Austria, un fabricante que producía 12 millones al mes de mascarillas FFP2, resultó estar en realidad comprándolas a China y etiquetándolas como producto nacional.
En Estados Unidos, también ha habido escándalos con este asunto. Robert Stewart admitió ante la justicia haber defraudado a tres agencias federales en la venta de mascarillas por un valor de más de 34 millones de dólares.
En Sudáfrica se vendieron mascarillas y productos que supuestamente protegían ante la infección que resultaron ser fraudulentos.
Para seguir sorprendiéndonos, esta semana hemos conocido algo más sobre las mascarillas en España: el Ministerio de Sanidad ha admitido por primera vez que ha obligado a llevar las mascarillas a la población sin tener un aval técnico.
Se entiende ahora mucho mejor lo que denunciaba el presidente de la asociación de las empresas productoras de mascarillas en España el pasado 17 de enero, cuando pedía al gobierno protección.
Va quedando claro cuál es el verdadero beneficio de las mascarillas. Y por lo que parece, no era la protección de nuestra salud.