Esta semana, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que quiere obligar por ley a que los perfiles que en redes sociales tengan más de 100.000 seguidores, o 200.000 entre los seguidores de distintas plataformas, publiquen rectificaciones de aquella información que no sea del todo exacta o que resulte ser "falsa". Una noticia que nos invita a pensar en múltiples factores que hacen que, de ser planteada, suponga un golpe a la propia Constitución, a nuestros derechos y libertades fundamentales. Y además, una medida peligrosa que atenta contra la propia democracia en su esencia. ¿Por qué estarán tan preocupados ahora con la verdad y la mentira, precisamente en el momento en el que su relato oficial continuamente resulta ser desmontado por los hechos y el paso del tiempo?