La socialista Francina Armengol fue elegida en primera votación, con mayoría absoluta de 178 votos, gracias al acuerdo in extremis entre el PSOE, Junts y ERC. La Mesa está formada por cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías. De las vicepresidencias, dos han sido para el PP, una para el PSOE y otra para Sumar. Vox se ha quedado fuera de la Mesa tras no llegar a un acuerdo con el PP. El mismo reparto se ha llevado a cabo en las secretarías. 

La presidencia del Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado, tras el Rey y el presidente del Gobierno. 

El presidente del Senado, por su parte, también ha sido elegido. Esta vez, Pedro Rollán, del partido Popular, que es quien tiene la mayoría absoluta en esta cámara. 

En la sesión de la creación de la Mesa del Congreso, el primer anuncio de su presidenta ha sido expresar su compromiso con el uso de las lenguas cooficiales del gallego, euskera y catalán en el congreso. Ha anunciado que su presidencia permitirá el uso de estas lenguas desde la primera sesión constitutiva. Un giro total si lo comparamos con las declaraciones de la anterior presidenta, que daba a entender que era una cuestión prácticamente inasumible, puesto que depende de la modificación del reglamento de las Cortes. Algo que ahora parece no ser un obstáculo. 

La presidenta del Congreso tiene la función de convocar los plenos, como el de investidura. Una cuestión fundamental, si atendemos a los tiempos que influyen en las iniciativas. 

También hace cumplir el Reglamento y dirige los debates. 

Aprueba la formación de los grupos parlamentarios al inicio de la legislatura: un partido puede formar grupo propio con 15 diputados, o con un mínimo de 5 y el 15% de los votos en las provincias donde se ha presentado, o el 5% a nivel nacional. En este caso, ni ERC ni Junts consiguen los requisitos, pero la Mesa puede facilitar su formación (los partidos pueden prestarse diputados para conseguir tener representación como grupos parlamentarios). 

El acuerdo para obtener los apoyos independentistas catalanes se ha sellado acordando el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y en las instituciones, impulsar la investigación del uso de Pegasus, desjudicializar el conflicto catalán, y la reapertura de la comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto acontecidos hace 6 años. 

Los independentistas han anunciado que este apoyo para la formación de la Mesa del Congreso es independiente del apoyo para la investidura, cuyas negociaciones comenzarán la próxima semana y pondrán sobre la mesa como puntos fundamentales la amnistía y la autodeterminación. Todavía es posible que no haya acuerdo para la investidura y tengan que repetirse unas elecciones, por lo que lo más sensato es esperar y, como apunta Puigdemont, esperar los compromisos reales, y no meras promesas que queden en nada, como ha venido sucediendo hasta ahora. 

El acuerdo alcanzado sobre la lengua catalana, gallega y vasca como lenguas oficiales de la Unión Europea es diferente a la propuesta realizada por ERC, que se centra en impulsar el uso del catalán como lengua dentro de las instituciones europeas. Se trata, por tanto, de la primera vez que el Reino de España impulsa la oficialidad de estas lenguas a nivel de la Unión Europea. 

Actualmente, son 24 las lenguas oficiales en la Unión. El próximo 19 de septiembre, el Consejo de Asuntos Generales de la UE, bajo presidencia española, deberá votar esta solicitud y servirá como muestra de compromiso del acuerdo alcanzado in extremis para el apoyo a la presidenta del Congreso por parte de los independentistas catalanes. 

El hecho de que se hablen las lenguas cooficiales en las instituciones españolas es, sin lugar a dudas, histórico y positivo: supone el reconocimiento, respeto y normalización de la riqueza plural del Estado. Sin embargo, más allá de este hito, el paso que supondrá reconocer al catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, es un mensaje claro hacia el exterior: España parece transitar el camino necesario en el que ha dejado de apalear a la población catalana para respaldar el reconocimiento de su lengua. Un giro de 180 grados que muy posiblemente sirva para transitar una senda de diálogo, respeto y entendimiento, ante las puertas de las sentencias internacionales que están por llegar. 

Queda pendiente, y será la parte más relevante de esta jugada de ajedrez, el reconocimiento de la autodeterminación y la amnistía para que sea posible un gobierno del PSOE. Y para ello, serán una vez más los hechos, y no las promesas, las que deban ponerse sobre la mesa: en este caso, habrá de tramitarse una proposición de ley, preferiblemente por parte del PSOE, o en su caso, por Sumar o por el independentismo. De no aprobarse esta iniciativa, los de Junts han dejado claro que no habrá investidura. 

Será, por tanto, determinante la siguiente batalla, que deberá venir acompañada de hechos tangibles por parte de Sánchez si quiere pilotar, no solo el Gobierno de España, sino también la presidencia del Consejo que, por turno, le corresponde en la Unión. 

Como decía la semana pasada, quién nos iba a decir que los acontecimientos pudieran dar un giro de este calibre y de la necesidad se haya hecho virtud, logrando una serie de hitos que, si hablamos en términos democráticos, no son solo positivos para Catalunya, Galicia o el País Vasco, sino que lo son, sin lugar a dudas, para el Estado español y para la propia Unión Europea.