El CatalanGate avanza y vamos observando los giros en el discurso del Gobierno de España al respecto: concretamente, de sus miembros del PSOE. En un primer momento negaron la mayor quitándole importancia a la denuncia; posteriormente, comenzaron a reconocer que harían todo lo posible por conocer qué había sucedido; y después, aparece la información de que el espionaje se habría realizado por orden judicial. Pero la puerta sigue abierta porque no queda claro quién habría sido el responsable de todo esto.
Pero, ¿es posible que exista una orden judicial que establezca el uso de un programa de espionaje como Pegasus? ¿Se puede utilizar con todo el mundo y de cualquier manera? Los expertos juristas consideran que no, que un juez no puede autorizar que nadie se meta en tu teléfono móvil de manera general. Se puede ordenar, en base a una investigación por posible comisión de acción criminal, la escucha de tus conversaciones, por ejemplo. Pero no el acceso a tu soporte pudiendo ver tus fotos personales, tus contenidos, ubicaciones... todo. Eso, según los abogados, no se autoriza de forma amplia. Por eso, expertos como Cuevillas o Boye afirman que nos encontramos ante una ilegalidad evidente.
Pero no sólo por eso, sino porque además hay que tener en cuenta a quién se ha espiado: entre los más de sesenta nombres conocidos, hay responsables políticos que tienen inmunidad (especial protección), que son aforados, tanto por ser diputados parlamentarios, presidents de la Generalitat o eurodiputados en activo. En estos casos, estas personas gozan de una mayor protección precisamente para garantizar que el ejercicio de sus cargos de representación no se ve forzado, ni violentado de ninguna manera.
Además, también hay en el listado nombres de abogados, por lo que especialmente en sus casos, se habrían vulnerado los derechos establecidos para una defensa efectiva. Las comunicaciones entre los abogados y sus clientes son de carácter confidencial. Espiarlas supone un atentado directo contra las garantías de su defensa. También son confidenciales las conversaciones de los periodistas con sus fuentes. Otro de los puntos que habría que tener en cuenta.
Y es que, además, si se diera por cierto que el origen del espionaje hubiera venido desde alguien (dejémoslo abierto) en España, la cuestión trasciende de las fronteras. Porque como explica Boye, el contenido de los teléfonos espiados es volcado a la empresa que dispensa Pegasus, una empresa de Israel. En este sentido, la legalidad trasciende de nuestras fronteras, sobrevuela las europeas y pone este asunto en una dimensión internacional innegable.
Coinciden los expertos en leyes que no hay duda en que el espionaje de Pegasus es ilegal se mire por donde se mire. Lo que queda todavía por saber es quién ha estado detrás del mismo, y en su caso las responsabilidades que puedan derivarse, siendo penales y/o políticas. Porque efectivamente, cuando se comete una ilegalidad hay que perseguirlo y en este caso, parece evidente que así ha sido.