La noticia más destacada durante el jueves y el viernes en el panorama político español era, sencillamente, que no había noticia. La no comparecencia de Puigdemont, el no acuerdo de JxCat y el PSOE, el no saber, en definitiva, cuándo será la sesión de investidura.
Todo ello, provocado por el empujón que PSOE y ERC han querido darle a los de Junts, cuando el miércoles por la noche lanzaban un comunicado de prensa para anunciar su acuerdo (amnistía, Rodalies, deuda y mesa de diálogo como puntos principales). ¿Alguien sensato podría pensar que Puigdemont se dejaría arrastrar por esta presión tan burda?
Evidentemente, el president ha apelado a la prudencia. Ha mantenido sus reuniones, tanto con el partido de Junts, como con el PSOE y ha seguido señalando aquello que debe estar garantizado, sin ningún género de dudas, para poder avanzar.
Hasta el 27 de noviembre hay plazo para una investidura. Y la presidenta de la Mesa del Congreso ya ha habilitado todos los días del calendario para que pueda ser posible.
Prudencia necesaria ante semejante hecho de tal importancia, pues no hay que olvidar que el estado español quería acabar con el proceso independentista, metiendo en la cárcel a todos, arrebatándoles sus bienes y silenciándolos de manera inmisericorde. Girar ahora requiere de garantías, como es lógico. ¿O alguien puede fiarse de quien un día pedía la reprobación de Soraya Sáez de Santamaría y a las pocas horas se ponía de su lado para exigir un 155?