El informe presentado sobre las conclusiones del Abogado General de Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta semana hace un repaso esclarecedor sobre los hitos más importantes de la batalla que vienen dando Puigdemont y Comín para defender su legitimidad como eurodiputados.
Pone de manifiesto todos los pasos que se han tenido que dar para demostrar los palos en la rueda que, malintencionadamente, se han venido poniendo por parte de distintos actores españoles que se han empeñado en pasar por encima de la democracia e, incluso, de la legalidad.
Un escrito donde las conclusiones que se presentan pueden vaticinar la resolución final del Tribunal, que en caso de seguir la línea marcada por el Abogado General, reconocería que no es preciso jurar ni prometer la Constitución para ser proclamado eurodiputado. Algo que, de facto, ya se ha visto en estos últimos años de ejercicio parlamentario.
Unas conclusiones que apuntan a elementos clave y fundamentales que pueden afectar a la LOREG en España, pero que podrían también suponer un precedente para la jurisprudencia europea, suponiendo así un avance colectivo para la democracia de la Unión.
Salir de España ha demostrado una vez más que era la estrategia para buscar justicia, para que tribunales independientes pudieran analizar todo lo acontecido y sin duda, abrir la puerta y las ventanas de un estado miembro que ha jugado demasiado a imponer su particular manera de hacer las cosas. Para eso estaba Europa, se supone, para hacernos avanzar. Y por lo que se ve, está funcionando.