Como prometíamos la semana pasada, continuamos explicando cómo se van desarrollando los acontecimientos. Nos habíamos quedado en las desavenencias entre los fiscales de la sala segunda del Supremo y el fiscal general, al respecto de la aplicación de la ley de amnistía. 

Los cuatro fiscales responsables de la sentencia por el 1 de octubre firmaron un escrito donde consideraban que la malversación por la que se había condenado ya a algunos líderes independentistas y otros están pendientes de ser juzgados, no podía quedar amparada por la ley amnistía. 

Conminaban al Fiscal General a que emitiera una orden escrita, marcando las pautas a seguir. Y el Fiscal General se pronunció el pasado viernes, confirmando que la ley de amnistía debía ser de aplicación para todos los delitos que estaban en las causas que afectan a los independentistas. No se quedaron conformes los fiscales y exigieron la celebración de la junta general de Fiscalía para aclarar la postura. 

La reunión se celebró el martes y en ella, se decidió por una mayoría ajustada que la amnistía debería aplicarse para todos los delitos, tal y como había señalado previamente el fiscal general. También para la acusación por terrorismo que está siendo investigada en el Supremo para los aforados Puigdemont y Wagensberg y en la Audiencia Nacional. 

La Abogacía del Estado también ha tomado posición en el mismo sentido. 

De esta manera, se exige al juez instructor Llarena que elimine la orden de detención que está vigente contra Puigdemont. Sin embargo, todavía queda la última palabra en este asunto, que es la del juez Marchena. 

Está por ver cuál será la postura del presidente de la sala segunda: deberá el juez decidir sobre la aplicación de la ley en el sentido que ha establecido la fiscalía, o si, por el contrario, da una sentencia contraria que pudiera ser recurrida ante instancias superiores en el ámbito internacional. 

Algunos jueces, como Aguirre han decidido mantener su pulso. El viernes anunciaba una nueva investigación el viernes. Se dirige contra Puigdemont y Mas por los delitos de malversación y traición dentro de la supuesta trama rusa. En la resolución imputa a 13 personas y no se presenta ningún hecho delictivo ni nuevo. Y se le da tres días a las partes para que contesten y presenten recurso. 

La batalla del ejecutivo, el legislativo y el judicial está sobre la mesa. Una situación de gran interés, puesto que está sirviendo para ver cómo algunos entienden el Estado de Democrático y de Derecho. 

Para muestra, el botón que representa Felipe González, que se ha mostrado claramente indignado al considerar que con la ley de amnistía, se le pide perdón a los independentistas, y se les allana el camino para que lo vuelvan a hacer. 

Parece que algunos prefieren vivir constantemente en el conflicto, haciendo saltar por los aires todo lo que suponga construir. 

Con el paso del tiempo, todo va quedando en su lugar. Lo preocupante es lo que se están llevando por delante para sostener su impostura.