Esta semana la ley de amnistía ha tenido que dar un paso atrás por el voto en contra de Junts per Catalunya. Una decisión lógica y comprensible, a tenor de las decisiones que estamos viendo que se toman por parte de jueces como García-Castellón, que se empeña en mantener abierta la investigación del caso Tsunami y parece muy interesado en acusar a Puigdemont, entre otros, de delito de terrorismo. Una muestra clara que permite hacer pensar que cualquier hueco por el que pueda hacerse saltar la ley de amnistía por los aires, será aprovechado.
No es nada dramático, contrariamente a lo que muchos han querido entender. Es un proceso legislativo normal, que está cumpliendo con los plazos, y que, desde la perspectiva estratégica, es positivo, puesto que ganar tiempo permite tener más elementos para tomar decisiones. Mientras tanto, conocemos la postura del fiscal de la Audiencia Nacional sobre las decisiones de García-Castellón, y también, hechos tan sorprendentes como la decisión del mismo órgano judicial de eliminar las pruebas que quedan de los atentados de 2017 en Cataluña. Todo junto nos muestra una imagen de una España a la que le queda un largo camino por recorrer para ser una democracia.