El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de admitir a trámite los recursos presentados por los nueve dirigentes independentistas catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo español en el contexto de la causa catalana del procés. ¿Qué significa esto? España tiene ahora que presentar sus alegaciones, y razonar si considera que se han vulnerado derechos fundamentales en el proceso. Para ello, tiene un plazo de contestación que termina el próximo 12 de enero de 2024.

En los recursos presentados, se ha señalado que hay distintos derechos fundamentales que se han visto vulnerados por la justicia española. Por ejemplo, el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser condenado por una acción o por una omisión, que el momento de haber sido cometida no suponga infracción según el derecho nacional o internacional. De la misma manera, no se puede imponer una sanción superior a la que estuviera prevista para un hecho en el momento de su comisión. Algunos de los recurrentes han apelado también al artículo 5 del Convenio, sobre la libertad y la seguridad, entendiendo que el tiempo que estuvieron privados de libertad fue desproporcionado. El artículo 6, sobre el derecho a un proceso equitativo, también ha sido señalado como uno de los vulnerados. También se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, contemplados y protegidos por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo respectivamente.

Llega otro de los pasos en la batalla por la defensa de los derechos y libertades que no solamente tienen que ver con el independentismo catalán, aunque obviamente el foco se haya puesto sobre ellos. El resultado de este proceso, supondrá sin duda un punto fundamental para la ciudadanía europea. Está por ver quién responderá en nombre de España, en el sentido político, atendiendo al contexto. Y es que, este procedimiento se abre cuando todos estamos pendientes de conocer quién gobernará finalmente.

La amnistía parece estar prácticamente asumida por el PSOE y Sumar, a pesar de las declaraciones brutales que hemos escuchado esta semana provenientes de jarrones chinos como Felipe González y Alfonso Guerra. Las propias filas socialistas han salido para recriminarles su postura, después de haber expulsado la semana pasada a Nicolás Redondo. Unas declaraciones absolutamente provocadoras, que dejan en evidencia las fobias más que los argumentos y que han movido a tener que salir a contraatacar a otros socialistas, generando así una ruptura interna evidente.

Los hechos se suceden y le pese a quien le pese, en el Congreso de los Diputados esta semana, por fin, se ha aprobado el uso de las lenguas cooficiales por parte de los representantes de la ciudadanía. Una manera de dejar constancia de que, cuando se quiere, se consigue. Y lo que hace tan sólo tres meses era imposible, ahora es ya una realidad. No deja de llamarme la atención la cantidad de rabia vertida estos días por la derecha y por quienes se sienten agraviados por destinar dinero público a los intérpretes y traductores. ¿No es esto la prueba de que es necesario normalizar de una vez por todas lo que somos? Deberíamos sentirnos orgullosos de que en el Estado español se hablen distintas lenguas, deberíamos hacer un esfuerzo por escucharlas, llegar a comprenderlas y por qué no, atrevernos a chapurrearlas.

Es evidente que en España hay mucho trabajo por hacer en materia de derechos fundamentales: no solamente los que va a comenzar a analizar el TEDH, sino los que tenemos que asumir cada uno de nosotros. A algunos les parece normal justificar una ley de amnistía como la del 77, que hizo tabula rasa con asesinos y torturadores, y, sin embargo, rabian sin decoro por amnistiar a quienes hicieron una manifestación de hartazgo y libertad de expresión sin violencia alguna. Quizás el TEDH pudiera asomarse a echar un vistazo para comprender lo que necesitamos en España.