Los agricultores están en pie de guerra. Este verano dieron los primeros pasos desde Hungría y Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria advirtiéndole a la Unión Europea que no estaban dispuestos a seguir soportando las medidas que, por beneficiar a Ucrania, estaban poniendo en peligro la subsistencia de sus propios campos. Fue así como comenzaron a bloquearse las fronteras, evitando que el trigo, la colza, el maíz o el girasol procedentes de Ucrania pudieran entrar en sus territorios.
Esta situación ha generado tensiones entre los distintos Estados de la Unión. Doce países presentaron una carta a la Comisión Europea protestando por el acuerdo al que se había llegado para intentar frenar el malestar en el Este. Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda, Grecia, Austria, Bélgica, Croacia, Luxemburgo, Estonia, Dinamarca y Eslovenia se revolvieron por los acuerdos a los que Bruselas había llegado para intentar no dañar a los que más dañados se han visto. Una serie de negociaciones que no están consiguiendo llegar a buen puerto. La Comisión tenía previsto presentar esta semana el paquete de medidas que se mantendrían en la misma línea, para seguir permitiendo que los productos de Ucrania no tuvieran aranceles. Aunque introduciendo salvaguardas “más estrictas”.
Una noticia que llegaba en medio de las masivas protestas en Alemania, Polonia y Rumanía, donde los gobiernos están teniendo que plantar cara a un sector que no puede superar más obstáculos. En Alemania, los agricultores comenzaron a salir a las calles a inicios de 2024, en unas protestas masivas que han sido respaldadas por el sector del transporte, la hostelería y los comerciantes de alimentos. En este caso, el conflicto estalla por el fraude del fondo climático. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que determinó el pasado mes de noviembre que los presupuestos debían modificarse ante el desvío de fondos, se ha generado un agujero en las arcas públicas de miles de millones de euros. El gobierno anunció recortes para las ayudas a los agricultores y al sector del transporte, intentando así paliar el golpe, pero ha generado una crisis mayor.
A comienzos de esta semana tenían lugar concentraciones masivas, cortes de carreteras y una presión sin precedentes al ejecutivo, que el martes mostró su interés por sentarse a negociar. Sin embargo, las conversaciones no han dado los frutos esperados y los convocantes de las protestas, tras dar un paréntesis hasta el jueves, el viernes anunciaron que mantendrían de nuevo su lucha.
En Polonia, los agricultores también han tomado las carreteras. Tras meses de cortes de carreteras, esta semana se ha anunciado un acuerdo con el gobierno. Allí, el recién llegado al gobierno, Tusk, ha mantenido en este ámbito la misma política que el gobierno anterior. Y su postura ante las decisiones de Bruselas respecto a los productos provenientes de Ucrania es contundente. Polonia ha asumido el necesario respaldo a sus agricultores, reconociendo que necesitan ayuda, una rebaja en sus impuestos específicos, préstamos de liquidez preferenciales y apoyarles frente a las instituciones europeas. Unas negociaciones similares a las que ha habido en Rumanía, también esta semana, donde el gobierno reconoce que entiende perfectamente las razones del sector para sus protestas.
A pesar de haber alcanzado acuerdos importantes, las protestas se mantienen. A pesar de la escasa cobertura de los medios españoles sobre lo que ocurre en los campos europeos, el problema se expande y es probable que próximamente sean nuestros agricultores los que también salgan a las calles en pie de guerra. Desde SOS Rural consideran que las razones que están sacando a los agricultores alemanes, polacos, húngaros o rumanos a las calles son compartidas en nuestro ámbito rural. El próximo 21 de febrero los tractores de España están convocados a las puertas del ministerio de agricultura.
Aquí, regulación como la de la protección animal, está generando que nuestros ganaderos se vean abocados a sacrificar su cabaña, haciendo imposible mantener las explotaciones. Desde las distintas organizaciones consideran que las exigencias ambientalistas liquidan la agricultura, y consideran que su actividad está siendo “criminalizada”. La competencia con productos provenientes de Marruecos está desangrando a nuestros agricultores, que no pueden competir, a pesar de denunciar el peligro que suponen para los consumidores los productos que contienen pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud. Consideran, no faltos de razón, que abrir la puerta a estos productos es un acto de deslealtad del Gobierno, que no solo lo tolera, sino que, según ellos, estimula este tipo de competencia.
La agricultura, la ganadería y la pesca han sido el eje fundamental del desarrollo del Estado español. Sin embargo, las políticas europeas han venido cada vez más mermando nuestra capacidad de subsistencia. La sequía, y la competencia desleal de productos de terceros países que no cumplen con las normas que aquí se imponen, está siendo la guinda del pastel que próximamente hará saltar por los aires a un sector que no soporta más. El aviso viene de Europa y, una vez más, nos pillará “por sorpresa”. La defensa de nuestros campos, de nuestra ganadería, de nuestra pesca, es vital para todos. Esperemos que esta vez no les dejemos solos.