Entre la Nueva Planta de la Real Audiencia y el Principado de Cataluña, decreto firmado por Felipe V que entró en vigor un día como ayer, 16 de enero, pero de 1716, y el también Real Decreto de cese de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Catalunya firmado el lunes por Felipe VI, en el que el Jefe del Estado obvió agradecer al president los "servicios prestados", 300 años de "historia compartida" nos contemplan. Pero se trata de una muy mala historia. Muy mala. Y nada es como ayer pero sospechosamente se le parece.

Entre la aniquilación por "derecho de conquista" del antiguo Estado catalán tras la Guerra de Sucesión  y el desprecio real en el adiós al president Artur Mas y la llegada de su sucesor, Carles Puigdemont, en el contexto de la crisis política e institucional por el llamado "desafío soberanista" catalán, hay algo más que paralelismos. Casi se podría hablar de "aires de familia" en ambas situaciones. Los tiempos siempre están cambiando –y no siempre para bien–, y precisamente por eso (a toda fuerza se opone siempre un principio de resistencia), algunos, pese a ser conscientes de la irreversibilidad de las leyes de la física, perseveran en que todo siga igual.

Entre la aniquilación por "derecho de conquista" del antiguo Estado catalán tras la Guerra de Sucesión  y el desprecio real en el adiós del president  Mas y la llegada de Puigdemont hay algo más que paralelismos. Casi se podría hablar de "aires de familia".
He escrito antes "antiguo Estado catalán" y lo repito, sin que ello signifique que los "estados" de la Europa del XVII o el XVIII sean equivalentes a los del XIX-XX (Estados-nación) o los del XXI (Estados post-nacionales, aunque muchos siguen sin enterarse). Lo que sí está meridinamente claro es lo que perdió el Estado catalán en 1714. El cínico "compromiso" de Felipe V en Utrecht con la reina Ana de Inglaterra de respetar los derechos de los catalanes tras la derrota, equiparándolos en todo a "sus más estimados súbditos", los castellanos, se concretó en la imposición de un nuevo sistema político, administrativo y fiscal en un contexto represivo que diversos historiadores (Sanpere, Albareda, Lluch) han calificado de "terrorismo militar".

El duque de Berwick, tras entrar en Barcelona el 11 de septiembre, creó la Junta Superior de Justicia y Gobierno del Principado de Catalunya, y el día 15, extinguió el Consell de Cent y a la mañana siguiente la Diputación del General o Generalitat y las Cortes; abolió la figura del virrey, el governador, el Consejo de Aragón (órgano de coordinación entre esta Corona y el monarca), la Reial Audiència, y los veguers; la representación estamental fue reemplazada en los municipios por aristócratas afectos y se inició una etapa de persecución sin tregua de austriacistas –partidarios del archiduque y luego emperador Carlos–. Incluso a algunos destacados felipistas o "botiflers", se les impidió el acceso a nuevos cargos sólo por el hecho de ser catalanes, valencianos o aragoneses. Así, el secretario de Justicia Manuel Vadillo y Velasco se refería en 1715 "a la mala calidad de la nación catalana" y recomendaba al intendente Rodrigo Caballero que "pusiese el mayor cuidado de no dejarles manejo en su propio país, aún a los que han sido buenos".

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Ese régimen de ocupación militar fue institucionalizado por "derecho de conquista" con los decretos de Nueva Planta (1714-16), que dieron paso a la nueva estructura de "governación" de los súbditos catalanes. La figura que se situó en la cúspide de ese sistema fue el Capitán General, como máxima autoridad militar y política y judicial, en tanto que presidente nato de la nueva Real Audiencia. Veguerías y subveguerías fueron sustituídas por 12 corregimientos (el sistema de organización municipal propio de Castilla), presididos por un militar, el corregidor y los tenientes de corregidor o alcaldes mayores. De la economía se ocupó la Superintendencia, tras la abolición de la antigua Tresoreria Reial y otros organismos, y, sobre todo, mediante el Real Cadastro, que lastró el acusado despegue económico del país y drenó los recursos en un claro ejercicio de exacción y depredación fiscal a mano armada documentado en la época por los mismos que lo padecían directamente, como testimonió en su dietario Francesc Gelat, un payés de Santa Susanna (Maresme) en 1717.

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300 años después, el jefe del Estado español social y democrático de derecho, según su Constitución, y de su monarquía parlamentaria, es decir, de lo contrario de la autocracia absolutista regida por su real antepasado y fundador de la dinastía reinante, ha roto la tradición protocolaria de firmar el cese de un presidente autonómico, Artur Mas, suprimiendo el agradecimiento a los "servicios prestados". Haya sido por imperativo de Su Majestad o del actual Gobierno de España en funciones, la situación aún sorprende más si se atiende al hecho que ese tratamiento no se regateó en su momento ni al muy independentista lehendakari Juan José Ibarretxe ni tampoco al imputado Francisco Camps.

Puede que Mas no se merezca el premio de "español del año" pero fue elegido por un parlamento votado por ciudadanos y ciudadanas, que, independentistas o no, siguen pagando con sus impuestos la cuota parte del sostenimiento presupuestario de la Real Casa
El menosprecio al presidente saliente, el real desplante de Felipe VI, fue el corolario de la negativa a recibir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que les comunicase la elección del nuevo president de la Generalitat y máxima autoridad del Estado español en Catalunya, Carles Puigdemont. Y puede que Mas no se merezca el premio de "español del año" pero convendría recordar a su majestad que, como su sucesor, fue elegido por un parlamento votado por ciudadanos y ciudadanas, que, independentistas o no, siguen pagando con sus impuestos, entre otras muchas cosas, la cuota parte del sostenimiento presupuestario de su Real Casa. Aires de familia. Demasiados aires.

¿Dónde queda aquella apelación del rey al "diálogo, la concertación y el compromiso" de su discurso navideño? ¿Realmente hay historia común o orgullo a compartir? ¿Qué tipo de Nueva Planta, en fin, se le está proponiendo al rey para encarrilar el llamado "desafío soberanista" catalán? ¿Habrá que recordar que ese "desafío" tomó cuerpo con el golpe del Constitucional contra un Estatut, el del 2006, aprobado por las Cortes y, en tanto que ley orgánica, sancionado por su padre, Juan Carlos I, como anterior jefe del Estado, y referendado por el pueblo catalán? ¿Quién ha contravenido aquí qué? Los hechos, otra vez, nos hablan más bien de un mal rollo sideral, de una pésima conllevancia, de la que no resulta nada extraño que muchos catalanes (y puede que hasta muchos españoles) quieran pasar página cuanto antes mejor.