Con la puesta en marcha de la legislatura se ha activado de nuevo la cuenta atrás del proceso independentista. Aunque la "declaración de inicio del proceso" que aprobó el Parlament el 9 de noviembre tenía que ser el primer paso para activar este calendario, la imposibilidad de investir al president en aquel momento e iniciar la actividad parlamentaria congeló el reloj. Esta semana, con el Gobierno constituido, el Parlament en marcha y las comisiones legislativas a punto, el contador vuelve a correr.
Más allá de las declaraciones, la hoja de ruta es muy precisa y transcurre en 18 meses. El primer hito aparece en el artículo quinto de la resolución del 9 de noviembre de inicio del proceso, pactada entre Junts pel Sí y la CUP en el Parlament.
30 días
En este artículo se fija que hay que iniciar “en el plazo de 30 días” la tramitación de las leyes de proceso constituyente así como las que afectan a las estructuras de Estado –seguridad social y de hacienda pública–. Estas leyes se irán impulsando a través de ponencias de las correspondientes comisiones del Parlament. Por esta razón, JxSí y la CUP se han garantizado la mayoría absoluta en las comisiones de Economía, Gobernación y Administraciones Públicas, entre otras.Paralelamente la sociedad civil “organizada” tendrá que impulsar los debates para alimentar los trabajos de elaboración de la nueva Constitución. Ya hay iniciativas en marcha. Constituïm ha convocado un acto el próximo 28 de enero para la presentación de su anteproyecto. Pero no son los únicos, también la ANC tiene un grupo de trabajo coordinado por la vicepresidenta, Rosa Alentorn, aparte de los trabajos de Reinicia. La voluntad de estas entidades es impulsar un gran debate ciudadano para la elaboración del proyecto y que este sirva también para ampliar la base social independentista.
Del Govern dependerán las conversaciones con el Estado "a partir del diálogo y la negociación". Precisamente el vicepresidente Oriol Junqueras apuntaba el viernes en una entrevista a Global Capital la disposición a asumir el 11 por ciento de la deuda pública del Estado.
18 meses
Según la hoja de ruta con la que JxSí se presentó a las elecciones del 27S, una vez transcurridos 18 meses, durante los cuales se habrán concretado los trabajos en estos diversos ámbitos, "se procederá a la proclamación de la independencia, a partir de la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español vigente”.Inmediatamente después o de manera simultanea, el Parlament tendrá que aprobar la Ley de Transitoriedad jurídica –de hecho, la declaración de independencia podría estar contenida en el artículo primer de este texto–. La ley de Transitoriedad “tiene que regular de manera provisional los elementos estructurales del nuevo Estado” así como “el ordenamiento jurídico del nuevo Estado y la continuidad y sucesión ordenada de administraciones”. A través de este texto se declarará la continuidad de la aplicación del derecho autonómico catalán, español, de la UE e internacional.
Asimismo, la ley “preverá la continuidad –mediante subrogación– de los contratos del Estado y de la Generalitat y la posibilidad de que los funcionarios y el personal laboral que presten sus servicios a la Administración del Estado en Catalunya puedan integrarse en la Administración del nuevo Estado”.
La hoja de ruta fija que, seguidamente y también de manera inmediata, se aprobará la Ley del Proceso Constituyente que “regulará la fase parlamentaria y refrendaria del proceso de elaboración y aprobación de la Constitución” además de la participación ciudadana.
Elecciones constituyentes
Finalmente, este capítulo se cierra con la convocatoria "en un plazo máximo de dieciocho meses después de la celebración de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre" de unas nuevas elecciones constituyentes para la designación del nuevo Parlament. La Cámara que salga de estos comicios tendrá la función de elaborar la Constitución del nuevo Estado independiente.