Cuando hace un año el documental de Metromuster, Ciudad Muerta volvió a sacar a la luz el caso 4F se pusieron todas las miradas, de nuevo, en el Ayuntamiento de Barcelona y la Guàrdia Urbana. El Gobierno de Xavier Trias hizo un informe que se rebeló que había desaparecido no sólo el registro de las detenciones de este caso, sino que no había rastro de documentos anteriores al 10 de octubre del 2007. El Ayuntamiento concluía que probablemente los libros no localizados y otra documentación fueron destruidos.
A partir del año 2011, el consistorio admite que se van incorporando las recomendaciones del Síndic de Greuges para mejorar las instalaciones y la atención a los detenidos y evitar posibles casos de tortura como los que denunciaron los condenados del 4F y otros detenidos. De hecho, dos agentes de la Guàrdia Urbana están cumpliendo condena por golpear a un detenido en la Sala Bikini el año 2006. En este caso, el Ayuntamiento sí que abrió expedientes disciplinarios, pero los agentes solicitaron la baja por incapacidad. Cuando salgan de la galería para policías de la prisión de Cuatro Caminos, recibirán una pensión vitalicia que ha levantado una nueva polémica.
Una policía de proximidad
Ante estos hechos y la llegada al Ayuntamiento de Ada Colau y su equipo, se está haciendo un proceso de renovación de la Guàrdia Urbana, que pasa por un Plan Director que tiene el objetivo de adaptar el cuerpo a las nuevas necesidades de la ciudad e implantar un modelo centrado en la proximidad, la transparencia y el territorio. El plan plantea una serie de medidas centradas, sobre todo, en la ética y las buenas prácticas. Para evitar que desaparezca documentación, se crea el archivo central de Gerencia de Seguridad y Prevención donde se conservarán todos los documentos policiales. Para evitar posibles torturas, a diferencia del año 2006, ahora todas las áreas de custodia de la Guàrdia Urbana tienen cámaras de videovigilancia. Este sistema se implantará también en los coches de policía que hacen el traslado de los detenidos.También está el compromiso de investigar todas las alegaciones y denuncias de maltratos y tortura y de garantizar el derecho de los detenidos a estar solos cuando les asiste un médico después de una detención. Un hecho que fue imposible en el caso 4F, porque los agentes no dejaron solos en ningún momento a los detenidos mientras estaban en el hospital, vulnerando su derecho de confidencialidad y privacidad.